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Estudio de caso: Medellín, Antioquia


01/30/2008

Medellín es la segunda ciudad más grande de Colombia y el destino de por lo menos 110.000 desplazados internos. En los últimos años, Medellín se ha visto como un caso modelo de cómo afrontar las necesidades de las comunidades de desplazados. A pesar de la creación de sistemas innovadores por parte del gobierno local, numerosos desplazados continúan reportando dificultades en la obtención de servicios. El hecho de que el área metropolitana esté dividida entre varias municipalidades significa que sólo los residentes de la ciudad de Medellín se benefician de dichas políticas progresivas. Los residentes de otras municipalidades, como por ejemplo Bello, sufren las consecuencias de burocracias ineficaces y malas administraciones.

  • Medellín está empleando un modelo integrado y públicamente accesible para atender a los desplazados internos. La Unidad de Atención y Orientación local, la cual es el ente responsable de registrar a las personas desplazadas y de ponerlas en contacto con los proveedores de servicios, cuenta con representantes de una gran variedad de agencias federales y municipales en sus oficinas, y lleva a cabo sesiones de orientación para los desplazados y entrevistas individuales. Proceso tras el cual, las personas desplazadas son conectadas directamente con los proveedores de servicios relevantes durante su primera visita. La unidad también cuenta con equipos móvil que viajan a las comunidades para registrar a individuos que de otra manera no acudirían a la sede de la unidad. Este modelo debería ser replicado por todo el país e inmediatamente expandido a otras municipalidades del área metropolitana de Medellín.

    Medellín ha dedicado una cantidad significativa del presupuesto municipal para atender las necesidades de los desplazados internos. Al momento de la visita de Refugiados Internacional, el Consejo Municipal había aprobado un documento de políticas públicas con un enfoque integral que describe estrategias de prevención del desplazamiento y para la protección y asistencia para los desplazados internos.


  • Los líderes de las comunidades de desplazados en Medellín se sienten aislados de las estructuras gubernamentales, y necesitan asistencia en el fortalecimiento de su capacidad organizativa. Aunque el comité oficial para la elaboración de los Planes Integrales Únicos incluyen a los líderes de las comunidades de desplazados, un número creciente ha renunciado o distanciado del proceso debido a que se sienten como simples títeres. Los Comités Municipales de los Desplazados Internos, los cuales son organizaciones representativas comunitarias, reciben escasos recursos financieros o poco apoyo técnico en sus esfuerzos por documentar las necesidades de sus comunidades.

    Los líderes de las comunidades de desplazados también han sido víctimas de múltiples amenazas de muerte. Nuevos grupos ilegales armados han incrementado su presencia en los barrios donde se congregan los desplazados, con el fin de ejercer control social de la población a través de la extorsión e intimidación. La presencia policial es mínima y la creciente inseguridad y amenazas contra los líderes ha resultado en un incremento en el desplazamiento secundario dentro de la ciudad.

  • Las condiciones en las comunidades de los desplazados internos son pobres. Muchas comunidades de desplazados internos se encuentran marginadas en las afueras del área urbana, y viven en ranchos precarios en laderas propensas a deslizamientos de tierra. Si bien algunos servicios básicos llegan a estas comunidades, entre los cuales electricidad, educación y transporte informal, la situación de vivienda permanece inadecuada, y a menudo carece de agua potable y servicios sanitarios básicos. Preocupantemente, las condiciones de vida son marginalmente mejores que las de comunidades de desplazados internos en zonas sin recursos, como es el caso de Quibdó, Chocó.

  • La corrupción y mala administración malogran el suministro de servicios a los desplazados. Refugiados Internacional recibió constantes denuncias de personas desplazadas sobre la pobre implementación en el suministro de servicios de emergencia y otros servicios, entre los cuales los programas de generación de ingresos. Los líderes de las comunidades de desplazados son capaces de identificar a través de las encuestas comunitarias a múltiples a contratistas, financiados por Acción Social y contratistas de USAID, que han administrado de mal manera o abusado de los recursos asignados para los desplazados. La Procuraduría General en Medellín ha tenido, a menudo, conocimiento de dichas denuncias, y en varias ocasiones ha solicitado judicialmente a los contratistas locales proporcionar información. A pesar de la seriedad de estos problemas, al momento de la visita de RI, ni Acción Social ni las contrapartes locales de USAID habían adoptado medidas disciplinarias.


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