Durante las últimas décadas, varias olas de solicitantes de asilo han huido de Haití por temor a la persecución, buscando un refugio seguro en los países vecinos de la región.

 

La República Dominicana ha emitido decisiones sobre el estatus de sólo unos pocos solicitantes de asilo que huyeron de Haití viajando por tierra y muy pocas veces la Guarda Costera estadounidense ha permitido a los haitianos detenidos en Alta mar tener un acceso completo a los procedimientos de asilo. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) les ha notificado a las autoridades estadounidenses que su práctica de interdicción viola sus obligaciones en virtud de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados (denominada en lo sucesivo la Convención), y del Protocolo de 1967. Lograr tener seguridad es una meta casi inalcanzable para los solicitantes de asilo haitianos.

Durante una visita realizada recientemente, los representantes de Refugiados Internacionales y del Servicio Luterano de Inmigración conocieron a un señor que les explicó la situación: “La República Dominicana no respeta las Convenciones de Ginebra [es decir la Convención]. Nosotros, los refugiados, tenemos muchos problemas. No hay seguridad. Hay discriminación. No tengo acceso a servicios de salud. Nuestros hijos no tienen papeles y no pueden ir a la escuela. Luchamos para pagar el alquiler y a veces nos echan de nuestras casas de modo amenazador.” Otra persona declaró: “No he regresado a Haití porque el ambiente no está bueno. Uno tiene que esconderse y trasladarse de un sitio a otro porque es una sociedad gobernada por pandillas.”

El Estado haitiano no tiene la capacidad de controlar sus asuntos internos y está en un estado permanente de inestabilidad, dicen los expertos. Según informaron fuentes de las Naciones Unidas y de las organizaciones no-gubernamentales locales e internacionales, los grupos armados en Haití siguen atacando a la población civil de una manera violenta y con impunidad. Según informa la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH), se han disminuido los ataques contra ellos y los secuestros en algunos barrios. Sin embargo, los representantes de MINUSTAH también dicen: “Cuando se reduce la violencia de las pandillas en un sitio, se traslada a otro.” Además, señalaron que estas pandillas han reemplazado al estado en ciertos barrios.

“El imperio de la ley no se respeta” dijo un destacado activista de derechos humanos a los representantes de RI y LIRS. “El problema más grande es la impunidad. El sistema jurídico es corrupto y no responde a las necesidades de la población. Los crímenes quedan impunes. Veo que ni la comunidad internacional ni el gobierno haitiano tiene la voluntad de mejorar la justicia. Tenemos que luchar contra la impunidad y la corrupción.” Dicho activista también indicó que las pandillas tienen una tendencia inquietante a reclutar forzosamente a niños y a atacar a las mujeres de una manera desproporcionada. En un país donde más del 50 por ciento de los hogares son encabezados por mujeres, según enfatizaron las ONG, esta tendencia es especialmente alarmante.

La República Dominicana tiene sus propios retos que enfrentar. Se estima que entre el 20 y 25 por ciento de las personas que residen en la República Dominicana (el cual representa entre 2 y 3 millones de personas) es indocumentado. Entre 200,000 y un millón de los indocumentados son de origen haitiano lo que representa una situación cuyas raíces se hunden en la historia compleja, la disparidad económica y las muchas décadas de migración irregular entre los dos países. Aunque el gobierno de la República Dominicana reconoce que depende de la mano de obra haitiana, aquél no logra distinguir de una manera significativa entre los individuos que entran en el país por motivos económicos y los que han huido de Haití por motivos de persecución.

Los solicitantes de asilo en la República Dominicana dicen que se les trata como inmigrantes económicos y no como personas que necesitan protección. Un solicitante explicó: “Estoy excluida de la sociedad porque no tengo documentación.” Cuando se le preguntó a un funcionario del gobierno dominicano cómo se registran los nacimientos de los niños de los solicitantes de asilo, aquél contestó que los hijos de los solicitantes de asilo tienen el mismo estatus que sus padres y como tal deberían dirigirse a la embajada haitiana para ser registrados, incluso cuando tienen miedo a la persecución en Haití. “Los hijos y las hijas de los refugiados están en un estado de limbo” concluyó un refugiado.

“Desde hace 15 años, no ha habido un mecanismo para determinar el estatus de los refugiados [en la República Dominicana],” señaló un(a) defensor(a) de derechos humanos. En los últimos dos años, cinco personas han sido reconocidas como refugiados. Según el Estado dominicano, el noventa y nueve por ciento de las solicitudes de asilo son presentadas por haitianos, pero entre las últimas personas en recibir el estatus de refugiado, hay un haitiano, un guatemalteco y un ruso. Según los representantes del gobierno y de las ONG, hay centenares de casos de asilo pendientes, con una cifra estimada de 300 a 500 familias.

Dado que el organismo inter-ministerial encargado de tomar decisiones sobre los casos de asilo casi nunca se reúne, los solicitantes de asilo haitianos se enfrentan a la inseguridad en la República Dominicana y viven constantemente con miedo a la deportación. Su falta de estatus les afecta la vida cotidiana. Renovar la solicitud de asilo cuesta miles de pesos dominicanos, oscilando entre los 8,000 y los 24,000 pesos (lo que equivale a unos 239 y 718 dólares norteamericanos). Un solicitante de asilo explicó: “Me vine para acá porque mi vida estaba en peligro. Ya hace seis años que ando con un documento que indica que solicité el estatus de refugiado, pero sólo fue válido por dos meses. Cada día voy a la oficina de inmigración para tratar de conseguir un documento legal. Es un gran problema. Somos refugiados. Somos inteligentes y muy capaces, pero sólo nos maltratan. Hay muchas leyes que el gobierno no respeta. Y aquí tienen el mismo problema que allá (en Haití), hay violencia.”

Otra solicitante de asilo explicó como su hija mayor, que todavía es menor de edad, fue abusada y deportada de manera forzosa a un pueblo en Haití donde no conocía a nadie. Después de tres meses y gracias al apoyo brindado por las organizaciones no-gubernamentales (ONG), dicha solicitante se reunió con su hija mayor. Apenas se reunió con la hija, aquélla tuvo que sufrir las consecuencias de la violación de otra hija pre-adolescente las cuales incluyeron la necesidad de esconderse, junto con su familia, por tratar de presentar cargos contra los alegados autores del crimen. Dicha solicitante explicó que su vida está en peligro en la República Dominicana, pero prefiere estar allá escondida con su familia que regresar a Haití donde mataron a su hijo. Los defensores de derechos humanos en Haití confirmaron que los miedos de esta solicitante de asilo están fundados en la realidad.

Anualmente, la República Dominicana deporta a decenas de miles de personas a Haití. Las expulsiones no se llevan a cabo conforme a lo estipulado en los acuerdos, según informan los defensores. Además, separan a las familias y los deportados, e incluso los niños, quedan sin nacionalidad por muchos años después de la expulsión. Los representantes de LIRS y RI visitaron a una comunidad donde viven unos deportados que llevan 15 años viviendo cerca de la frontera en Haití. Entre sus preocupaciones mayores son la desnutrición y el hecho de que no pueden reintegrarse en sus antiguas comunidades. Respecto al tema de la deportación de personas de los Estados Unidos hacia Haití, la MINUSTAH, ha dicho que el regreso de los deportados a Haití representa un reto para el Estado haitiano. Además, la MINUSTAH dijo que el gobierno haitiano sólo es capaz de encargarse de unas pocas personas deportadas por los Estados Unidos por mes, muy por debajo de las cien personas que los Estados Unidos deportarán por mes según se informa.

Además, las condiciones en Haití han obligado a un número desconocido de personas a dejar sus casas para buscar la seguridad en otras partes del país. En algunas comunidades, entre un tercio y la mitad de la población entera son personas desplazadas internas. Algunas familias salen de sus casas por la noche y regresan durante el día; otras buscan seguridad en las clínicas y en las iglesias. La deportación de personas de la República Dominicana y de los Estados Unidos hacia Haití agrava el problema del desplazamiento interno.

ACNUR no tiene oficina ni en la República Dominicana ni en Haití la cual les permitiría asesorar a los gobiernos sobre el estatus de los refugiados y las personas desplazadas internas. “No hay muchas entidades dispuestas a proveer asistencia sanitaria, financiera y jurídica a los refugiados,” según informó un(a) trabajador(a) humanitario(a), “Sin embargo, las organizaciones que ayudan a los refugiados necesitan fondos y edificios. Esto no existe actualmente.” En lo que se refiere al gobierno, un problema clave que la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha identificado es la falta de un acuerdo de inmigración bilateral. Se expresa muy a menudo la esperanza de que los gobiernos de Haití y de la República Dominicana pronto vuelvan a hacer funcionar la comisión bilateral de asuntos migratorios pero queda así, como una esperanza no más.

Con el apoyo de la comunidad internacional, la República Dominicana y Haití deben elaborar políticas para asegurar que se respeten los derechos de los refugiados, las apátridas y sus hijos. Así lo expresó una persona refugiada: “Hay miles de personas esperando una solución; [esperando] para poder vivir una vida normal.”


Maureen Lynch, la Defensora Experta en materia de Iniciativas para Reducir los Casos de Apatridia de Refugiados Internacionales, y Bernadette Passade Cissé, representante del Servicio Luterano de Inmigración y Refugiados, realizaron conjuntamente una misión de trabajo para evaluar la situación de los solicitantes de asilo haitianos en noviembre de 2006. Este boletín fue escrito conjuntamente por el Servicio Luterano de Inmigración y Refugiados y Refugees International.