Sobreviviendo Solos: La tapa del reporte.Vea el video de nuestra visita a Manatí, Colombia.

RESUMEN EJECUTIVO

Durante el año pasado, lluvias persistentes y sin precedente dieron como resultado inundaciones masivas en Colombia las cuales han afectado cerca de tres millones de personas. En marzo de 2011 Refugees International (RI) envió un equipo
para evaluar la situación.

Este reporte describe debilidades significativas en la respuesta del gobierno colombiano y las agencias internacionales frente a las inundaciones. Aunque Colombia ha invertido décadas construyendo un marco de gestión de desastres, la severidad de la emergencia reveló serios vacíos en el sistema — notablemente, la falta de capacidad e implementación local. A la luz del pronóstico de los expertos advirtiendo que el cambio climático probablemente aumentará la frecuencia y la magnitud de inundaciones, tormentas y otros eventos climáticos en Colombia, este reporte delinea pasos para asegurar que Colombia esté mejor preparada para responder a esta amenaza.

En el momento de la visita de RI, un número significativo de personas permanecía sin recibir aún asistencia humanitaria básica, incluyendo agua y alimentos. Lamentablemente, RI encontró que fueron los sectores más pobres y vulnerables, incluyendo las víctimas de las varias décadas del conflicto armado colombiano y las poblaciones pobres que vivían en áreas rurales y remotas, los que recibieron menor atención. Miles de niños no habían retornado aún a las escuelas. La construcción de albergues de transición era extremadamente lenta y las condiciones en muchos albergues eran pésimas.

El problema no era carencia de fondos. El gobierno colombiano había movilizado 500 millones de dólares para ayuda de emergencia, recuperación y rehabilitación a través de Colombia Humanitaria, un mecanismo de manejo de fondos creado recientemente. Con el establecimiento de este nuevo sistema paralelo, con un grupo de nuevos actores, lo que se hizo finalmente fue enlentecer la respuesta, dejando a miles de personas vulnerables y desesperadas sobreviviendo por su propia cuenta. El nuevo esquema, además, ignoró en buena parte las instituciones existentes responsables de la respuesta a las emergencias humanitarias causadas por el conflicto armado, quienes pudieron haber salvaguardado los derechos de aquellos afectados por las inundaciones.

La respuesta del equipo humanitario de las Naciones Unidas (ONU) en el país fue también desalentadora. Si bien el gobierno colombiano no permitió a la ONU lanzar un llamamiento internacional para recaudar fondos e implementar un plan de respuesta más integral a las inundaciones, la respuesta inicial del equipo fue, no obstante, lenta y el grado de compromiso de varias agencias de la ONU se mostró desigual. Por ejemplo, no se había recopilado información sobre el número o las necesidades de las personas en situación de desplazamiento por conflicto que fueron además afectadas por las inundaciones.

La emergencia humanitaria en Colombia no ha terminado aún. Se espera que las actuales lluvias duren hasta junio de 2011. Mirando hacia adelante, el gobierno colombiano debe resolver inmediatamente las barreras administrativas que bajo Colombia Humanitaria han obstaculizado la pronta distribución de ayuda por las inundaciones y permitir a las agencias de la ONU, con conocimiento en la provisión de asistencia humanitaria de emergencia, apoyar y facilitar más plenamente la respuesta a las inundaciones. Además, el marco de respuesta debe incluir normas y procedimientos que permitan a las víctimas ejercer sus derechos por medio de la expresión de sus necesidades y la participación en las decisiones que las afectan.

La vulnerabilidad de Colombia a los desastres naturales — y la alta probabilidad de que el cambio climático incrementará estos riesgos — requiere que tanto los actores humanitarios como los de desarrollo adapten sus programas en preparación frente a futuros desastres. Las agencias de la ONU deben negociar con el gobierno la implementación de actividades de protección para personas en situación de desplazamiento por desastres naturales y destinar una partida presupuestal comprometida y razonable para este fin.

Los Estados Unidos y otros gobiernos donantes deben reconocer la amenaza que el cambio climático representa para un amplio espectro de prioridades de desarrollo — desde el crecimiento económico, pasando por la sostenibilidad ambiental, hasta la seguridad humana — no sólo para Colombia, sino también para otros países vulnerables en términos climáticos. Los programas de desarrollo deben, por lo tanto, construir la resiliencia de las comunidades vulnerables fortaleciendo la capacidad local de prevención y respuesta a los desastres, posibilitando mayor participación y veeduría comunitaria, y protegiendo los derechos de los grupos poblacionales afectados.